La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina

Banco Santander, BBVA o CaixaBank, así como aseguradoras como a Catalana Occidente son algunas de las entidades que financian la ocupación de Palestina a través de la energía solar

FETS, conjuntamente con Novact, Suds y ODHE hemos publicado el informe ‘La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina. El caso de la energía solar y greenwashing’. El informe visibiliza parte del entramado financiero español que posibilita la planificación, construcción y puesta en marcha de proyectos de energía solar en el Territorio Ocupado de Palestina y otros territorios en disputa como el desierto del Naqab (en árabe) o Nèguev (en hebreo). Para ello, se han investigado los vínculos de grandes entidades bancarias, aseguradoras y fondos financieros españoles con la financiación de empresas y proyectos de energías renovables, las principales fuentes de financiación de campos solares israelíes, así como con las empresas que los operan y/o que han participado como proveedoras.

El informe describe la participación de entidades como el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Sabadell, Bankinter, Cajamar, Unicaja, así como aseguradoras como Catalana Occidente y otros fondos financieros españoles, en proyectos de energía solar desarrollados en Territorio Ocupado de Palestina por empresas como Abengoa, General Electric, SolarEdge, First Solar, SunTech o Siemens AG.

Según Carlos Díaz, uno de los investigadores del informe, “a pesar de ser un campo considerablemente opaco, sobre todo en cuanto a las transacciones económicas directas y préstamos, la participación de estas entidades y fondos en el ecosistema financiero de las energías renovables a Israel ha quedado suficientemente acreditado, sea en forma de inversiones bursátiles y gestión de activos o de préstamos verdes y otras modalidades de financiación a las multinacionales que operan y proveen los campos de energías renovables”.

Energía renovable no es necesariamente responsable

El Gobierno de Israel ha establecido como objetivo obtener el 30% de la energía de Israel de fuentes renovables para el año 2030. Según los planes del Ministerio de Energía, la energía solar representará aproximadamente el 90% de la electricidad, y la eólica, el agua y la biomasa el 10% restante. Para lograr esta capacidad fotovoltaica, Israel está promoviendo la creación de nuevas granjas solares y proyectos de doble uso que incluyen la instalación de paneles solares en tejados y campos de cultivo. Esta solución requiere de nuevos terrenos, hecho que en el actual contexto de ocupación y apartheid israelí sobre la población palestina implica aumentar la política de confiscación de tierras y de desplazamientos forzosos de los residentes locales.

El informe destaca los proyectos en el Valle del Jordán ocupado, que proveen energéticamente asentamientos colonos, o al desierto del Naqab o Nèguev, territorio histórico de Palestina y donde se practica una política sistemática de confiscación de tierras a beduinos palestinos.

Para Carlos Díaz “muchas personas están invirtiendo en fondos que se presentan como proyectos respetuosos con el medio ambiente y responsables socialmente, cuando en realidad, van en detrimento de la soberanía energética de las comunidades locales y están contribuyendo a la vulneración de derechos humanos”. Añade que es una práctica de greenwashing o lavado de cara, dado que “para llevar a cabo esta infraestructura, Israel practica una política sistemática de confiscación de tierras y recursos a los beduinos palestinos, quienes a su vez, viven en situación de mucha precariedad por la falta de electrificación y acceso a los servicios públicos, así como cobros de tarifas abusivas por parte de las empresas públicas de Israel”.

El informe ofrece una batería de recomendaciones tanto a Administraciones públicas como a empresas y ciudadanía para avanzar hacia la asunción de responsabilidades sobre los impactos y efectos negativos de este tipo de proyectos. A las administraciones les recomienda activar mecanismos legales, fiscales y técnicos que desincentiven los fondos de inversión y las empresas de realizar actividades económicas en Territorio Ocupado Palestino, de acuerdo con sus obligaciones internacionalmente ratificadas en base a los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A las empresas, desarrollar mecanismos de diligencia debida para garantizar el respeto de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones y seguimiento de las inversiones en empresas con actividades económicas en el Territorio Ocupado de Palestina u otros territorios reconocidos internacionalmente como de Israel, pero donde se cometen vulneraciones contra la población.

Por último, recomienda a la ciudadanía “informarse sobre las inversiones internacionales de sus bancos y aseguradoras para actuar de forma responsable y retirar sus recursos económicos en el caso de que estén involucrados directa o indirectamente en vulneraciones de los Derechos Humanos”.